La investigación es por el presunto delito contra la administración pública y colusión contra quienes resulten responsables.

El fiscal a cargo del caso, José Pérez, explicó que el objetivo es determinar si los funcionarios de la municipalidad cometieron o intentaron beneficiarse al dejar que Relima trabaje en la informalidad, pues ahora la empresa busca cobrar S/.3, 7 millones, monto mayor a la cotización habitual por su servicio.

Según el diario “El Comercio”, un equipo de peritos de la fiscalía acudió a la sede de Emmsa, en el mercado de Santa Anita, para recabar documentación que les permita iniciar su trabajo.

Emmsa sostiene que el 20 de agosto concluyó sus investigaciones por este caso y dos días después firmó la Resolución 073-2013 pidiendo ratificar a cuatro gerentes, y que solo recién este miércoles revelaron sus conclusiones.

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