La Procuraduría Pública de la Contraloría formalizó denuncia penal contra 154 autoridades, funcionarios y ex funcionarios estatales que habrían incurrido en presuntos delitos contra la administración pública, informó el organismo de control.

Los denunciados son parte de un total de 344 autoridades, funcionarios y servidores públicos que, durante el 2011, fueron identificados por tener una supuesta responsabilidad penal o civil, al no haber cautelado los bienes o recursos del Estado, que se les había confiado para su administración.

Después de evaluar rigurosamente los informes de auditoría se formalizó la denuncia penal respectiva contra 154.

Los presuntos delitos que se han detectado con mayor frecuencia son la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; la apropiación indebida de bienes o recursos, tipificado como peculado o peculado doloso; y la falsedad ideológica.

Entre los denunciados penalmente figuran los integrantes o ex integrantes del comité especial que se encargan de los procesos de selección, alcaldes y ex alcaldes así como Jefes de Abastecimiento.

Reparación económica

La Procuraduría Pública también demandó por la vía civil a 190 funcionarios y ex funcionarios para obtener una indemnización a favor del Estado para reparar el daño económico ocasionado por la negligencia o falta de diligencia en el manejo de los bienes o recursos públicos.

En este caso, las autoridades que han sido demandadas con mayor frecuencia son regidores y ex regidores, seguidos de alcaldes y ex alcaldes, así como gerentes municipales y ex gerentes municipales.

La Contraloría señaló que su acción no solo contribuye a garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente, sino que también defiende en los tribunales los intereses del Estado cuando se detecta un perjuicio económico o presuntos delitos penales en la administración pública, durante las auditorías realizadas.

Fuente: Agencia Andina