Los tres poderes del Estado se unieron para blindar a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción al haber propuesto, aprobado y promulgado la Ley Nº 29703, que los sanciona penalmente solo cuando se haya producido un daño económico contra el Estado y elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a acusados de enriquecimiento ilícito.

Todo comenzó el 3 de agosto del 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia, presidida entonces por Javier Villa Stein, envió un proyecto de ley para endurecer las penas previstas en el Código Penal para los delitos contra la administración pública.

Sin embargo, excluye la pena de inhabilitación que prevé el artículo 401 para casos de enriquecimiento ilícito, informó el diario La República.

Carlos Rivera, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, advirtió que al eliminar esta sanción se busca favorecer a los funcionarios públicos salientes de esta gestión que puedan ser eventualmente sentenciados.

“Ex ministros, ex congresistas o hasta el ex mandatario, que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito, podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción. Es un contrabando hecho para los apristas y los fujimoristas”, alertó.

Por tal motivo, la bancada nacionalista solicitará “la inmediata derogatoria de la ley que beneficia a los funcionarios públicos corruptos”, anunció su vocero Daniel Abugattás.

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