En lo que va de este año, la Contraloría General identificó cerca de 100 casos potenciales de infracciones cometidas por funcionarios públicos, que sería el primer grupo susceptible a que se les aplique sanciones de carácter administrativo.

Los casos detectados se identifican como hechos irregulares graves o muy graves, por lo que los involucrados podrían ser sancionados con la suspensión o incluso la destitución del cargo.

La Contraloría oficializó una directiva que señala los pasos que se seguirán para resolver cada uno de los procesos derivado de los Informes de Control, incluyendo los que remitan los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría (SOA).

Las normas establecen un total de 63 infracciones que merecen sanción administrativa en el sector público, de las cuales 27 son infracciones graves y 36 muy graves.

Por ejemplo, se considera como infracción grave contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su realización o de forma fraudulenta.

Del mismo modo, se tipifica como infracción muy grave, hacer una declaración falsa o fraguar documentos en una valoración de obras o adquisición de bienes y servicios; recibir doble sueldo del sector público; o actuar en forma parcializada en contra de los intereses del Estado, entre otros.

Fuente: Andina

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