Explicó que la Contraloría carece de competencia para investigar y sancionar la denuncia de Vilcatoma porque esta no involucra actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Daniel Figallo ante el Congreso: Yo vengo con la frente en alto

Anotó que después de la desestimación de la denuncia en ese organismo de control, la ciudadana Yeni Vilcatoma ha aportado elementos de convicción de los hechos denunciados.

TE PUEDE INTERESAR: Ollanta Humala respaldó a su ministro de Justicia, Daniel Digallo

No obstante, agregó, dichos elementos no guardan relación con el uso de bienes y recursos públicos.

Por ello, la Contraloría, al amparo de su Ley Orgánica, ha dispuesto derivar esa denuncia al Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación, para que obren conforme a sus atribuciones.

El organismo de control explicó que su Ley Orgánica le otorga competencia para recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o derivándolas ante la autoridad competente.

Agregó que la Ley de Protección al Denunciante, en el ámbito administrativo, y de Colaboración Eficaz en el ámbito penal, atribuye a la Contraloría competencia para evaluar las denuncias de hechos arbitrarios en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados administrativamente, tramitando aquellas dentro de su competencia y derivando las que cuyo trámite deba ser efectuado por otras instancias administrativas.

Vilcatoma denunció haber sido víctima de indirectas presiones de parte del ministro de Justicia, Daniel Figallo, para manipular su trabajo en la Procuraduría Anticorrupción a fin de favorecer al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio.

El ministro Figallo negó las acusaciones y dispuso dejar sin efecto el nombramiento de Vilcatoma en la Procuraduría Anticorrupción, ante lo cual la exdefensora del Estado puso su caso en conocimiento de la Contraloría, a fin de recibir los beneficios de la Ley de Protección al Denunciante.

Dicha norma, aprobada por el Congreso el 2010, dispone la ejecución de medidas de protección a los funcionarios que denuncian actos de corrupción en las entidades públicas.

Fuente: Andina

TAGS RELACIONADOS