Las muertes y desapariciones de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, Guerrero, “sorprenden por el nivel de violencia y barbarie. Por otro lado, no sorprenden porque sabemos que la situación mexicana incluye desde hace ya varios años, una serie de masacres absolutamente inaceptables y de otros crímenes que cometen las Fuerzas Armadas”, dice a DW Jimena Reyes, abogada encargada de la oficina para América Latina de la Fédération internationale des ligues de droits de l´Homme (Federación internacional de ligas de derechos humanos, FIDH).
Un esquema, no un caso aislado
De un esquema que se repite desde hace unos siete años, habla Reyes: “Policías o militares simplemente disparan o ejecutan, hacen desaparecer a civiles a la luz del día y en la más total impunidad. Según la información que se tiene esos fueron los hechos de estos 43 muchachos y muchachas que aún permanecen desaparecidos, porque aún no se tiene certeza de si son los cuerpos que encontraron en la fosa o no”.
Unos 26.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos es, según FIDH, el balance de estos años.
Acompañamiento internacional
“Guerrero es uno de los estados en México donde más violencia ha habido”, dice a DW Marianna Bertrand, representante en Europa de Brigadas de Paz Internacional, capítulo México (PBI).
Ya el 26 de septiembre –-fecha en que en enfrentamiento con la Policía fueron muertos estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa y desaparecieron otros 43 en las patrullas policiales— la organización pro derechos humanos expresó su preocupación por los hechos.
Ahora después de la aparición de cadáveres calcinados en Iguala (cuya identificación está a cargo de peritos especializados), las organizaciones europeas pro derechos humanos se suman al clamor de claridad.
Por otro lado, en el terreno, “estamos acompañando al Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolla. Ellos han documentado el caso y están asesorando a las familias en Guerrero. Y monitoreando que no haya ataques contra los familiares de los desaparecidos”, dice Bertrand subrayando que ya en diciembre de 2011 sucedieron hechos semejantes.
Evitar la tortura
Tanto FIDH como PBI y CIFCA (red de 35 organizaciones pro derechos humanos en Centroamérica y México) piden esclarecimiento de los hechos. “Nos parece muy bien que el presidente mexicano haya declarado que no se puede dejar esta masacre en la impunidad”, comenta Reyes.
”Pero necesitamos acciones y subrayamos nuestro pedido de que no utilice el otro esquema perverso de México: buscar resultados inmediatos vía tortura. En este caso como en otros no queremos tener culpables bajo tortura y son culpables sin tener certeza de que lo son”, agrega.
En todo caso, desde Bruselas, las organizaciones de derechos humanos apoyan el esclarecimiento de los hechos y solicitan que también la comunidad internacional –-en este caso la UE en su diálogo sobre derechos humanos estipulado en el acuerdo global con México— se sienta convocada a exigir la búsqueda de responsabilidades y la protección de familiares y testigos.
“Dentro de este universo de crímenes hay elementos que apuntan a crímenes internacionales, tan graves que si permanecen en la impunidad la Corte Penal Internacional debe investigar y encargarse de sancionar a los perpetradores”, dice Reyes concluyendo “que estamos ante un esquema de masacre que hace pensar que podríamos estar nuevamente frente a un crimen de lesa humanidad”.
Carta de europarlamentarios
Diputados europeos, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, exigieron a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton (y también a su sucesora designada, Federica Mogherini), garantías reales de que acabarán los casos de impunidad en México.
En una misiva (ver abajo) dirigida también al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, los legisladores europeos (junto con diputados del Bundestag alemán) consideraron que “cualquier modernización del Acuerdo Global (firmado en el año 2000 entre México y la Unión Europea), como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”.
(Fuente: Deutsche Welle )