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En medio de las multitudinarias protestas que paralizan a Brasil desde hace semanas en busca de reformas gubernamentales, el Senado de este país aprobó una nueva ley que aumentará los castigos a los condenados por corrupción.
Los delitos de este tipo serán considerados “crímenes atroces”. Quienes los cometan no tendrán beneficios de libertad condicional o amnistía. También se incrementó el castigo mínimo de tiempo en la cárcel de dos a cuatro años. La máxima sentencia se mantiene en 12 años, informó BBC News.
El proyecto legislativo afecta a todos los funcionarios gubernamentales que se aprovechen de sus cargos para conseguir algún beneficio o malversar fondos, así como a los individuos e instituciones que intenten sobornar a un empleado público.
La ley, propuesta inicialmente en 2011, todavía tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados y por la presidenta, Dilma Rousseff.
La madrugada del miércoles, los congresistas brasileños rechazaron, por presión popular, la enmienda constitucional PEC 37, que limitaba el poder de los fiscales federales para investigar crímenes. Según los manifestantes, esta iniciativa promovía la impunidad a los crímenes de corrupción.
