El empresario y abogado , investigado por investigado por presunto lavado de activos y tráfico de terrenos, aseguró que las denuncias en su contra se deben a que sus rivales pretenden impedir que ejecute sus actividades económicas.

El cuestionado hombre de negocios rompió su silencio y conversó por teléfono con un reportero de Cuarto Poder. “Mi actividad está sujeta a la denuncia. Lo que quieren es que yo no pueda realizar actividades económicas”, declaró.

Una nueva denuncia de irregularidades contra Orellana se reveló en el reportaje, esta vez proveniente de miembros de la cooperativa Coopemar y la comunidad de extrabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos.

La presidenta de Coopemar, Clara García, indicó que allegados al empresario crearon una deuda ficticia por US$800.000 a la institución, según estos contraída con una constructora hace diez años, la cual luego fue validada por dos liquidadoras que estarían vinculadas a Orellana.

Luego de la querella, uno de estos liquidadores vendió una parte del terreno de esa asociación en Ventanilla a ciudadanos chinos a un precio subvaluado. En el otro caso, Raquel Delgado aseveró que la despojaron de un predio en Santa Clara “valiéndose de un laudo arbitral falso donde nos hicieron una deuda, y a través de una sentencia nos liquidaron”.

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