El Poder Judicial ordenó esta tarde la detención preventiva por 15 días del empresario y su empresario, el coronel de la Policía en retiro , por los presuntos delitos de tráfico de terrenos y lavado de activos.

La Sala Penal Nacional emitió la disposición para los dos mencionados y cerca de 18 personas más a pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, según informó . Los defensores del cuestionado hombre de negocios apelarán la decisión judicial.

El vocero de Orellana, Carlos Camacho, afirmó que los representantes legales del también abogado no han recibido notificación del fallo judicial. “En estos momentos él se encuentra reunido con sus abogados, evaluando esta situación injusta, evaluando apelar. El señor Orellana se encuentra en el Perú”, declaró a RPP Noticias.

En cuanto a Benedicto Jiménez, aseguró que el exoficial también está dispuesto a ponerse a derecho de la justicia. Camacho reiteró que su representado se considera un perseguido político.

“El congresista Víctor Andrés García Belaunde es uno de los impulsores de las denuncias. Por eso consideramos que se trata de una persecución política en casos que son investigados por el Poder Judicial. (…) Nos preguntamos por qué litigios entre un empresario y terceros son investigados por políticos”, añadió.

Desde esta mañana el empresario inmobiliario es buscado por la policía. La fiscal especializada Marita Barreto Rivera lo sindica de dirigir una organización dedicada a lavar capitales provenientes del tráfico de terrenos del Estado y de personas particulares mediante supuestas deudas por préstamos de dinero y documentos fraudulentos.

Algunas de las instituciones afectadas por la red de Orellana son el hospital Hermilio Valdizán, la Fundación por los Niños del Perú, el club Alianza Lima, las municipalidades de La Victoria, Miraflores y San Borja, la SBS, la Sunat y las cooperativas de extrabajadores de la Marina de Guerra (Coopemar) y de la otrora compañía peruana de teléfonos (Cervatel), mencionó .

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