La suspensión de autoridades y la reorganización de la , debido a los millonarios sueldos de sus directivos, fue anulada por la Corte Superior de Justicia de Lima.

La medida cautelar de la casa de estudios, aprobada por el V Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, a cargo de la jueza Lissett Monzón, detiene la intervención aprobada por la (ANR).

Según la magistrada, no hay base legal que permita a la Comisión de Coordinación Interuniversitaria o al presidente de la ANR separar de funciones a las autoridades ni reconformar a los órganos de una universidad privada. Esto solo se permite al pleno de la ANR.

“No se puede permitir que autoridades públicas ejerzan injerencia administrativa, económica o financiera sobre personas jurídicas de derecho privado sin tener expresas facultades para ello, independientemente de quién sea, porque ello colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad”, explicó.

La resolución declara infundada la oposición formulada por la ANR el 3 de julio del 2014. La jueza aclaró que realiza el control jurídico sobre las actuaciones de la administración pública y, en este caso concreto, tiene que evitar un antecedente que “colisione con los derechos o interés de personas naturales o jurídicas de derecho privado”.

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