Los Supervisores del condado de Los Ángeles (California) votarán el próximo 12 de de mayo para decidir el futuro del Programa 287, dirigido a inmigrantes indocumentados que han sido condenados por delitos graves.

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Esta votación, promovida por los supervisores Hilda Solís y Mark Ridley-Thomas, busca que los agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) salgan de las cárceles de Los Ángeles, y dejen de cuestionar el estatus migratorio de los reos.

Para los supervisores, este programa ha minado la confianza de la comunidad inmigrante en las agencias del orden locales.

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Según detallan, un estudio de la Universidad de Illinois concluyó que el 70% de los indocumentados que viven en los condados de Los Ángeles, Maricopa (Arizona) y otros acudían menos a las agencias policíacas si eran víctimas de un crimen por temor a que les cuestionaran su estatus migratorio.

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“La misma dinámica ocurre en otras poblaciones de indocumentados. Bajo el programa 287(g) no sólo los agentes de ICE se alojan en las cárceles del condado, sino que las funciones de ICE son realizadas por empleados del condado”, insisten.

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